El think tank de la industria de las proteínas alternativas, Good Food Institute (GFI), propone un plan de medidas para consolidar a España como un hub estratégico en proteínas alternativas. Entre sus propuestas: incentivos para la I+D, instrumentos financieros ad-hoc, infraestructuras de escalado y un Plan Nacional de Alimentos de Origen Vegetal similar a los ya adoptados por países como Francia, Dinamarca o Portugal. La organización sostiene que, con una política pública determinada, España podría liderar una industria que engloba dentro de las denominadas tecnologías alimentarias críticas (critical food technologies).
Entre los argumentos esgrimidos, GFI destaca que España captó 64,7 millones de euros en inversiones en 2024, situándose como el segundo mercado más atractivo de Europa. Además, calcula que, si se activaran una serie de políticas y se movilizara mayor inversión pública y privada, el impacto económico del sector —incluyendo carne cultivada, ingredientes fermentados y productos de origen vegetales— podría alcanzar los 9.000 millones de euros anuales en 2050. Solo el capítulo de exportaciones de insumos y equipamiento aportaría, según sus estimaciones, 2.700 millones al año. Sin embargo, GFI considera que la implicación pública para financiar I+D en proteínas alternativas -23 millones entre 2020 y 2024 de fuentes nacionales o autonómicas- es insuficiente en relación con otros países. «Si combinamos los datos de financiación con las publicaciones científicas en materia de proteínas alternativas, lo que vemos es que en algunas métricas absolutas, nuestro país sí está más o menos donde se le espera, pero en el momento en el que ajustamos por población nuestro país queda muy atrás en favor de otros países, principalmente del norte de Europa, pero también de algunos de Europa del Este. Esto muestra que tenemos potencial, pero que la apuesta a nivel nacional por cuidar y nutrir nuestro ecosistema de I+D, a nuestros investigadores y científicos, debe ser mucho mayor para poder aprovechar todo ese potencial no ya sólo a nivel europeo sino global», explica Carlos Campillo, responsable de asuntos públicos de GFI en España.
De entre las medidas que plantea, una de las más relevantes por su alcance es la creación de un Plan Nacional de Alimentos de Origen Vegetal. Esta estrategia estaría, según GFI, justificada por objetivos de seguridad alimentaria y autonomía estratégica, y buscaría aprovechar el potencial agronómico español para el cultivo de especies proteicas, al tiempo que permitiría a los agricultores diversificar sus fuentes de ingresos. Finalmente, propone facilitar la diversificación de sectores agroalimentarios tradicionales —más allá del cárnico o lácteo, muchos de cuyos actores ya se han involucrado en desarrollar alternativas a sus productos de origen animal-, incluyendo también el vitivinícola, cervecero o aceitero—, tomando como referencia la evolución de industrias como la de renovables o los vehículos eléctricos, pero adaptada al ecosistema alimentario.
Otro de los puntos de su propuesta es incluir las proteínas alternativas en las directrices de la dieta mediterránea. Y la justificación para ello es el análisis del comportamiento real del consumidor, que cada vez tiene menor adherencia a los estándares ideales de esta dieta. «Parece claro que los consumidores quieren seguir disfrutando de platos y alimentos como salchichas, hamburguesas, y otros similares, y que los intentos de hacer que mayoritariamente abandonen esos productos en favor de alimentos sin transformar como frutas, verduras, hortalizas o legumbres no han tenido éxito en las últimas décadas […] y su consumo está muy por debajo de lo que indica la dieta. Para Campillo, el mensaje que está transmitiendo el consumidor con su comportamiento es: «Sí, quiero comer más saludable, soy consciente de que quiero que mi alimentación tenga un menor impacto en el medio ambiente, pero no estoy dispuesto a introducir cambios tan profundos en mi dieta, que afectan a mi día a día y a mi cotidianeidad».
Otras propuestas destacadas incluyen el desarrollo de guías pre-solicitud, que permitirían a empresas emergentes entender mejor los requisitos regulatorios antes de lanzar nuevos productos. GFI sugiere que esta función debería asumirla la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), como mecanismo para facilitar la llegada de alimentos innovadores al mercado. También llama la atención sobre dificultad de las startups para acceder a vehículos como los PERTES, y propone ajustes en las condiciones para evitarlo.
En un nivel intermedio de complejidad, GFI sugiere reorientar el sandbox regulatorio agrifoodtech español para dar cabida a las proteínas alternativas y a productos, tomando como ejemplo iniciativas similares del Reino Unido. También propone realizar un mapeo nacional de infraestructuras disponibles o reconvertibles para el escalado industrial, así como diseñar mecanismos de financiación específicos (públicos, privados o mixtos) que lo hagan viable. El objetivo, según la entidad, es reducir costes mediante economías de escala, evitar la fragmentación territorial o que el valor generado acabe materializándose fuera de España.
Un sector con tensiones regulatorias
La presentación de este informe ha coincidido con la aprobación por parte del Parlamento Europeo de una nueva normativa que limita el uso de términos como “hamburguesa”, “salchicha” o “filete” para aquellos productos que no contengan carne animal, estableciendo una nueva definición legal del término carne como “partes comestibles de animales”.
Para los defensores de la carne cultivada o los análogos vegetales, se trata de una barrera comercial que dificulta el acceso al mercado y confunde a los consumidores. Para otros sectores, supone una garantía de claridad en el etiquetado. La decisión vuelve a poner de manifiesto que el crecimiento del sector alternativo no se limita a lo tecnológico o económico: también es un terreno de disputa normativa y cultural.
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